La justicia y la compasión se deben a los que están en ambos lados de la frontera
Los migrantes venezolanos, expulsados de los Estados Unidos, comen en la frontera México-Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, el 16 de octubre de 2022. Fueron enviados de vuelta a México bajo el Título 42 como parte de una nueva política para frenar el número de cruces ilegales. (Foto de CNS/José Luis González, Reuters)
La Iglesia Católica en Texas conoce bien la actual crisis humanitaria en nuestra frontera sur que aflige migrantes y refugiados que ingresan a nuestro país a diario y que aflige también nuestra vida política en nuestro estado y nuestra nación. La situación ha provocado miedo, compasión, ira e indignación justificada, y deja a muchos tejanos con la sensación de que somos impotentes ante el caos.
El movimiento de migrantes y refugiados no tiene por qué ser caótico si el gobierno federal siguiera un proceso ordenado para la adjudicación justa de las solicitudes de asilo en los puertos de entrada entre Texas y México con la debida cooperación de las autoridades estatales y locales.
Los Estados Unidos puede y debe ser fiel a su historia basada en los principios de libertad, igualdad y justicia como líder internacional al responder con generosidad y compasión a las personas en crisis que buscan estar libres de la persecución y la opresión injusta de los carteles internacionales. Con ese fin, varios principios deben guiar nuestra compasión para que nuestra respuesta sea justa y eficaz.
En primer lugar, las naciones soberanas tienen el derecho y el deber de controlar sus fronteras. Este ejercicio de la soberanía es ante todo para el bien común de los ciudadanos, y luego, de forma prudente, para servicio de la dignidad humana de todos.
En segundo lugar, nadie se beneficia del colapso del estado de derecho, particularmente, aquéllos que son vulnerables. La negación deliberada y la falta de atención a nivel federal a la gran afluencia de personas a través de nuestra frontera sur socava el justo estado de derecho. Esta negligencia federal ha agravado la peligrosa influencia política y financiera de las pandillas internacionales y de los países hostiles a los Estados Unidos de América. La erosión gradual de la integridad fronteriza sólo agrava los terribles crímenes del narcotráfico y la trata humana perpetrados por pandillas que se aprovechan especialmente de las mujeres y los niños vulnerables, lo que resulta en tragedias tan horribles como la muerte el pasado junio de 53 migrantes atrapados en un camión con remolque cerca de San Antonio.
No está de acuerdo con nuestros valores estadounidenses ignorar la distinción crítica entre las personas que buscan entrar al país porque necesitan ayuda y los que buscan entrar para la explotación lucrativa. Es tan incorrecto e irracional dar a entender que todos los que llegan a nuestra frontera son nuestros enemigos, como también implicar que todos los que llegan a nuestra frontera son nuestros amigos. El discernimiento y distinción entre amigo y enemigo, refugiado y migrante, perpetrador y víctima presupone la aplicación del estado de derecho, que requiere la cooperación del gobierno en todos los niveles.
En tercer lugar, sin un estado de derecho justo, los refugiados y solicitantes de asilo no pueden estar protegidos de la explotación. Las personas que huyen de las guerras y la persecución deben ser protegidos por la comunidad en general. Esto requiere rendición de cuentas y, como mínimo, que los migrantes tengan derecho a solicitar la condición de refugiado sin encarcelamiento y a que una autoridad gubernamental competente considere y procese sus solicitudes dentro de un período de tiempo que sea razonable, dada la urgencia de la situación y la importancia del respeto a la dignidad humana.
Las políticas gubernamentales que respetan los derechos humanos básicos de los migrantes y refugiados son necesarias y deben estar dirigidas a mantener el núcleo familiar unido, especialmente aquellas familias que tienen niños pequeños. Independientemente de su estatus legal, los migrantes, como todas las personas, poseen una dignidad humana inherente que debe ser defendida en cada etapa del proceso legal y tienen derecho a que su privacidad no sea explotada en los medios de comunicación mediante trucos políticos realizados con fines partidistas o para obtener ganancias financieras.
Por último, la polarización partidista de nuestro país ha dado lugar al caos que nos trae al momento presente de esta crisis humanitaria. Es necesaria una coalición internacional concertada contra los carteles; la falta de solidaridad es fuente de muchas injusticias. Ahora nos enfrentamos a la preocupación legítima de que si cada nivel de gobierno no cumple con sus respectivas responsabilidades, dañaremos gravemente el bienestar seguro de las personas y el bien común de nuestras ciudades, nuestro estado y nuestro país. Ignorar la crisis humanitaria en nuestra frontera pone en peligro nuestra capacidad de asistir y consolar a los migrantes, refugiados y los pobres residentes y nativos que ya están aquí entre nosotros. Se les debe justicia y compasión a las personas en ambos lados de la frontera.
NOTA DEL EDITOR: Esta columna apareció en las páginas de opinión del 23 de octubre de 2022 del Fort Worth Star-Telegram.