La Eistinción entre los Inmigrantes Exige una Reforma Migratoria
La crisis ocasionada por las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos por nuestra frontera sur se ha mitigado en los últimos meses mediante una aplicación más estricta de las leyes del país, lo que ha resultado en pocas entradas ilegales o ninguna. Además de esta táctica, se ha visto un aumento en el número de arrestos de personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, incluidos miembros de carteles y pandillas; y de delincuentes que han cometido delitos violentos, ya sea aquí o en su país de origen. La mayoría de las personas razonables reconocen estas medidas como una contribución positiva al bien común de la sociedad. Nadie quiere vivir con la amenaza de la violencia perpetrada contra las personas vulnerables, especialmente las personas que viven cerca de estos delincuentes.
El debate actual sobre el trato que se le da a los extranjeros indocumentados y la aplicación de las leyes de inmigración incluye desacuerdos sobre la pertinencia de la distinción entre quienes se encuentran aquí ilegalmente con el propósito de cometer delitos violentos y quienes no tienen estatus legal, pero han viajado aquí para buscar trabajo con el fin de sustentar a sus familias, y que, de otro modo, se enfrentarían a la indigencia. Una opinión que escuchamos mucho es que no es necesario considerar la situación particular, una vez que se establece que alguien está aquí sin autorización legal. “No pertenecen aquí; envíenlos a todos de regreso”, es el estribillo contundente. No obstante, esta actitud no nos prepara espiritualmente para el juicio que nos espera: “Fui forastero y no me recibieron”.
A pesar de todo, en medio de toda la polémica y la turbulencia en torno a las deportaciones de personas indocumentadas que se encuentran aquí, es preciso señalar que no he escuchado todavía ninguna petición de sanciones más severas para aquéllos que violan la ley al contratar a personas que no tienen documentos legítimos para obtener autorización legal para trabajar. Parece que, con demasiada frecuencia, estos empleadores no rinden cuentas o pueden pagar fácilmente las multas, si es que éstas se aplican. Enfatizo que no me refiero a los traficantes, sino a los patronos que emplean ilegalmente a personas que, con frecuencia, pertenecen al grupo de extranjeros indocumentados que buscan empleo para mantener a sus familias. Muy pocas quejas se escuchan para que estos empleadores rindan cuentas por su incumplimiento de las leyes de inmigración. Los empleadores deben seguir el proceso de verificación de elegibilidad de empleo I-9 para asegurarse de que sólo contratan a empleados legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos, lo que exige también examinar los documentos que demuestran su elegibilidad. La verificación de dicha información se realiza a menudo de manera superficial.
Si quienes defienden la deportación sin mayor consideración de las razones por las que alguien se encuentra aquí sin autorización legal fueran consecuentes, favorecerían una aplicación más estricta de sanciones más severas contra quienes emplean a personas sin autorización legal para trabajar en los Estados Unidos. De ello se desprende que, si las leyes se aplicaran con mayor rigor, o si la reforma migratoria incluyera sanciones más severas, el problema de la inmigración ilegal podría resolverse.
Sin embargo, esto ha sido precisamente por más de treinta años la razón principal de nuestra negativa como nación a abordar este problema. La falta de aplicación de las leyes de inmigración, e incluso de una legítima rendición de cuentas por parte de los empleadores, sigue sin control, ya que existe una necesidad mayor de mano de obra en estos sectores de servicios y agricultura que la que permite la ley actual. El resultado es que muchos trabajadores que trabajan sin autorización legal con frecuencia son explotados con salarios injustos, falta de beneficios de salud y amenazas de intimidación, mientras que contribuyen económicamente al Seguro Social y sólo buscan mantener a sus familias.
La crisis relativa a la aplicación justa de las leyes de inmigración no se resolverá con un discurso hostil ni con la negativa a hacer una distinción pertinente porque no nos gusta la inconveniencia de la rendición de cuentas. La distinción entre delincuentes involucrados en el tráfico de drogas o la trata humana, y las personas que han llegado a nuestro país sin autorización legal y que han trabajado productivamente entre nosotros, en muchas ocasiones durante décadas, es una distinción importante para una reforma migratoria justa, razonable y compasiva.